La edil solicitó formalmente contratos, informes técnicos y planes de contingencia del sistema informático tras las persistentes fallas que afectan la economía de los usuarios y obligan al pago de multas injustas. El caso ya está en conocimiento de la Contraloría.
Rumiñahui, junio de 2026.- En el marco de sus funciones de fiscalización, la concejal del cantón Rumiñahui, Gabriela Subia, ha solicitado de manera formal al alcalde, Fabián Iza, la entrega inmediata de información certificada al Concejo Municipal. El objetivo es determinar y sancionar a los responsables del colapso que atraviesa el servicio de revisión técnica y matriculación vehicular en el cantón, además de exigir una solución emergente para restablecer la atención ciudadana.
La postura de la edil se radicalizó durante la sesión del Concejo Municipal del pasado lunes 15 de junio de 2026, espacio donde cuestionó la falta de transparencia sobre los respaldos de contratación del sistema informático que procesa los datos vehiculares. “Hasta el momento, ni el alcalde, ni los directores han dado respuesta sobre un servicio que funcionaba con acceso a información de los ciudadanos”, enfatizó Subia.
Un pedido con plazo legal El miércoles 16 de junio, la concejal ingresó formalmente la solicitud de documentación. Conforme lo establece la ley, el alcalde Fabián Iza dispone de un plazo máximo de 10 días para remitir información detallada sobre seis ejes críticos:
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Contratos y convenios del sistema.
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Informes técnicos y jurídicos de soporte.
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Procesos de contratación pública aplicados.
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Protocolos de seguridad informática y acceso a datos de los usuarios.
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Permisos vigentes de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
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Plan de contingencia y respaldo de la base de datos.
Subia también solicitó que esta problemática sea incluida de forma prioritaria en el Orden del Día de la próxima sesión del Concejo Municipal. La intención es transparentar ante la opinión pública el origen de las fallas que hoy obligan a los ciudadanos a pagar multas por calendarización que no les corresponden, golpeando directamente la economía de los hogares de Rumiñahui.
Según la concejal, el sistema en cuestión operaba de forma transversal entre las direcciones de Movilidad, Financiera e Informática, por lo que resulta indispensable rastrear la documentación técnica que avale dicha integración. “La fiscalización no ha sido solo un discurso, ha sido un trabajo concreto, técnico y permanente, porque los recursos públicos de Rumiñahui le pertenecen a la ciudadanía”, puntualizó.
Antecedentes de una crisis arrastrada La problemática del cantón se remonta al 30 de enero de 2026, cuando la ANT suspendió sus operaciones a nivel nacional por más de un mes debido a investigaciones por redes de corrupción. Esta medida impidió que los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 realizaran su trámite a tiempo. Ante esto, la gestión previa de la concejal Subia logró que el Concejo aprobara la exoneración de multas para dichos dígitos, protegiendo al usuario de sanciones ajenas a su responsabilidad.
Sin embargo, a pesar de que el servicio de matriculación en Rumiñahui se habilitó formalmente el 22 de abril de 2026, los problemas no cesaron, mutando hacia fallas continuas en el propio sistema informático local. Ante el persistente silencio de la administración del alcalde Iza, el caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado para los exámenes especiales pertinentes.
