Este martes, el Concejo Metropolitano aprobó de manera unánime una ordenanza reformatoria sobre la retención de vehículos por la restricción de circulación vehicular “Pico y Placa” en el Distrito Metropolitano de Quito.
La presidenta de la Comisión de Movilidad, Fernanda Racines, explicó que el objetivo de esta normativa es evitar que los vehículos de los ciudadanos que infringen la medida sean trasladados a un Centro de Retención Vehicular (RTV). En su lugar, los infractores solo deberán pagar la multa correspondiente. “Esta normativa beneficia a la ciudadanía, ya que movilizar un vehículo infractor en una grúa cuesta entre USD 50 y 70, además del valor de la multa”, señaló Racines.
La presidenta también detalló las sanciones económicas vigentes por incumplir el “Pico y Placa”: el 15% de un Salario Básico Unificado (SBU) en la primera infracción, el 30% del SBU en la segunda y el 50% del SBU en caso de reincidencia por tercera vez.
En ese contexto, el alcalde Pabel Muñoz aclaró que “esta ordenanza no elimina la restricción ‘Pico y Placa’, sino que la fortalece. Representa un alivio para los ciudadanos, porque no se retendrá el vehículo, pero la normativa seguirá en vigencia”.
Por su parte, la concejala Cristina López, proponente de la reforma, señaló que su aplicación busca optimizar la operatividad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), reducir procesos administrativos en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y mejorar la percepción ciudadana hacia las instituciones municipales. “El costo de la retención vehicular ascendía a USD 103.31, mientras que la multa era de USD 69. Esto implicaba que el Municipio gastaba más en el procedimiento que lo que recaudaba por la infracción”, explicó López.
Además, la concejala destacó que los vehículos retenidos no generan ingresos al Municipio por concepto de servicio de garaje, lo que implica una pérdida económica por el uso de espacios físicos en los centros de retención vehicular.
Finalmente, el director de la AMT, Washington Martínez, calificó la aprobación de la normativa como un “día histórico” en el marco de la simplificación de procesos y la lucha contra la corrupción. “Mantendremos los 23 puntos de control del ‘Pico y Placa’, y la ciudadanía se beneficiará una vez que la normativa entre en vigencia”, indicó Martínez.
