En el marco del proceso de socialización del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana (unificado), la Comisión de Relaciones Internacionales escuchó las observaciones y propuestas de destacados profesionales y colaboradores, en el afán de enriquecer la propuesta normativa, desde su experiencia en diferentes áreas.
Diego Ayala, coordinador de Asesoría Jurídica de la Senescyt, sugirió realizar precisiones respecto a la admisión de personas que regresan y buscan reintegrarse al sistema de educación pública. También solicitó eliminar el artículo 21 del proyecto en razón de que los títulos obtenidos en el extranjero no son equiparables a los emitidos en Ecuador.
Santiago Freire, director de Registro de Títulos de la Senescyt, propuso considerar en el proyecto la gestión de calidad que cumple la institución y que para fijar requisitos para la homologación de títulos se tome en cuenta la normativa expedida por la Senescyt, en el afán de garantizar la idoneidad y competencia de los profesionales.
Jorge Luis Miño, subgerente de Crédito del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, argumentó que las 36 aportaciones requeridas por la normativa no justifican el acceso a facilidades de crédito para migrantes en el exterior. Presentó los costos que ello representa para el BIESS.
El asambleísta Fausto Fernández preguntó si el BIESS tiene una política específica para este grupo poblaciones, a lo que Miño respondió que no existe una política específica para migrantes en el Banco.
Paola Aguilar Méndez, subgerente de Negocios de BanEcuador, explicó que la naturaleza del banco es privada y opera con fondos de clientes, careciendo de un rubro público para gestionar programas sociales o asignar fondos específicos para los migrantes.
Los legisladores Carla Cruz y Fausto Fernández subrayaron la necesidad de una atención preferencial para los migrantes. Paola Aguilar replicó que es necesario trabajar de manera coordinada para diseñar productos que lleguen a los migrantes, evitando productos con alta morosidad.
Gustavo Matheus resaltó la importancia de socializar los convenios establecidos en torno a este tema, con el objetivo de asegurar que la información relativa a la validación de certificados llegue a un público más amplio y se comprenda a fondo.
En la reunión, se destacó que la coordinación entre legisladores e instituciones es fundamental para lograr un impacto significativo en la vida de los migrantes retornados y que en este marco, las propuestas normativas buscan proporcionar herramientas y recursos que faciliten la reinserción laboral, estimulando así el desarrollo de habilidades adquiridas en el exterior.
También se trabaja en la simplificación de procesos administrativos relacionados con la validación de títulos y certificados obtenidos en el exterior, a fin de eliminar obstáculos burocráticos y garantizar que las habilidades y conocimientos adquiridos en el extranjero sean debidamente reconocidos en nuestro país.
Finalmente, el presidente de la comisión, Jonathan Parra agradeció a los invitados por el aporte de cada una de las instituciones participantes y afirmó que las puertas se mantienen abiertas para futuras instancias de diálogo y trabajo conjunto
