Asamblea fiscalizará compra de recolectores de basura en Quito por $786.923

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este 21 de octubre de 2026 fiscalizar el proceso de contratación y adquisición de camiones recolectores de basura en la ciudad de Quito. La decisión se tomó tras conocer los informes emitidos por la Contraloría General del Estado, los cuales detallan presuntas irregularidades, incumplimientos contractuales y un daño patrimonial estimado en 786.923 dólares que afecta directamente a los recursos públicos de la capital.

El pedido formal fue impulsado por el asambleísta Fernando Jaramillo (ADN), quien argumentó ante el Pleno la necesidad urgente de transparentar el manejo de los fondos destinados a la recolección de desechos sólidos y limpieza urbana en la circunscripción metropolitana.

Antecedentes de los hallazgos de Contraloría

De acuerdo con la documentación oficial proporcionada por la Contraloría General del Estado, las auditorías practicadas a los procesos de compra y adjudicación de la maquinaria revelaron múltiples falencias operativas. Entre los hallazgos principales constan problemas mecánicos recurrentes en las unidades adquiridas, retrasos injustificados en las entregas por parte de los proveedores y discrepancias técnicas entre lo estipulado en las cláusulas de los contratos y las especificaciones físicas de los vehículos entregados al Cabildo.

Estos inconvenientes han limitado la capacidad operativa del sistema de recolección de basura en varios sectores de Quito, generando malestar ciudadano y encendiendo las alertas de los organismos de control del Estado sobre el correcto uso del presupuesto asignado a servicios públicos esenciales.

Acciones de fiscalización y postura oficial

Con la aprobación de esta resolución en la Asamblea Nacional, se procederá a la conformación de una mesa de trabajo encargada de requerir comparecencias a las autoridades actuales y exfuncionarios del Municipio de Quito involucrados en la suscripción y ejecución de dichos contratos públicos. Asimismo, se solicitarán expedientes administrativos completos para determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda.

Desde el ámbito institucional, el proceso busca garantizar que los recursos de los quiteños sean retribuidos con servicios óptimos y transparentes, estableciendo precedentes firmes contra cualquier manejo ineficiente de la contratación pública en el país.

Redacción AHORA TV