Con el objetivo de garantizar el bienestar y protección integral de las niñas, niños y adolescentes en el país, la asambleísta María Teresa Pasquel, presentó el proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, que establece nuevas normativas para la protección frente a procedimientos médicos y terapias de modificación de sexo en menores de edad.
“Es fundamental proteger a nuestros menores de decisiones que, con el tiempo, pueden resultar en arrepentimientos irreversibles”, señaló. Dijo que esta iniciativa se sustenta en estudios internacionales, tales como el Informe Cass (Reino Unido, 2024) y análisis de países como Suecia y Finlandia, que han documentado los efectos adversos de estos tratamientos en menores de edad.
Entre los principales riesgos identificados se incluyen daños en el desarrollo óseo, afectaciones neurológicas, infertilidad y trastornos psicológicos irreversibles.
La reforma incluye una serie de artículos que refuerzan los derechos fundamentales de los menores, estableciendo restricciones claras a cualquier intervención médica que altere el sexo biológico de los mismos. En este sentido, se prohíbe la realización de procedimientos que impliquen el cambio de sexo, la hormonización, las cirugías de reasignación de género y la administración de bloqueadores de pubertad en menores de edad. La única excepción será en casos donde exista una necesidad médica comprobada y debidamente certificada por una junta médica especializada.
En este marco, el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, implementará programas educativos para promover el desarrollo biológico y emocional saludable de los menores. Así mismo, las autoridades competentes garantizarán el acceso a tratamientos adecuados para menores con disforia de género o problemas relacionados con su identidad sexual, extendiendo este apoyo a sus familias.
Además, se prohíbe la promoción o realización de procedimientos que contravengan la reforma en cualquier institución de salud, ya sea pública o privada, imponiendo sanciones legales y administrativas a quienes infrinjan la norma. La supervisión del cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y la Defensoría del Pueblo.
Con esta propuesta, se busca establecer un marco normativo claro que priorice el interés superior del menor, evitando decisiones apresuradas e influencias externas que pueden ser irreversibles y marcar la vida de quienes, siendo niños, no cuentan con la madurez necesaria para comprender las consecuencias de estos procedimientos, concluyó Pasquel.
