El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 956, con 87 votos afirmativos, rechazó y condenó enérgicamente la sentencia dentro de la causa 17283-2024-01215 de la Acción de Protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón Bueno, por cuanto, la misma ha sido emitida violando expresamente la Constitución de la República del Ecuador, interfiriendo flagrantemente en la independencia de las funciones del Estado; y, en contra, de lo dispuesto por la Corte Constitucional (CC) en sentencia de 25 de octubre de 2023, misma que tiene carácter de definitivo y vinculante conforme lo establecido en la Carta Magna.
Así mismo, los legisladores autorizaron al Presidente de la Asamblea para que presente todos los recursos procedentes, dentro de la ilegal e inconstitucional acción de protección presentada por Inés Alarcón, sin perjuicio de la nulidad e inconstitucionalidad antes citadas. Además, autorizó y ratificó lo actuado por el Presidente del Parlamento respecto de la solicitud presentada a la CC, para el inicio de la etapa de seguimiento de la sentencia de octubre de 2023, y se pronuncie en relación de la sentencia emitida sobre la acción de protección. Luego de dicho pronunciamiento, la Asamblea Nacional decidirá sobre la continuación o no de los juicios políticos pertinentes en el orden que corresponda.
Igualmente, el Pleno autorizó al Presidente de la Asamblea para que, sujeto al pronunciamiento de la CC, a través de la Coordinación Jurídica presente ante el Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado las denuncias correspondientes contra el Juez que sustanció y emitió la referida sentencia y las personas relacionadas con la misma. También, dispone al Comité de Ética y al Consejo de Administración Legislativa para que inicien los procedimientos administrativos respectivos en contra de los asambleístas Inés Alarcón y Xavier Jurado, sujeto al pronunciamiento de la CC.
Por último, la resolución ratificó lo actuado por el Secretario General de la Asamblea Nacional, en relación a su vocería, sustentada en los pronunciamientos públicos de las bancadas que conforman una amplia mayoría, respecto al rechazo de la sentencia del juez de primera instancia.
Leonardo Berrezueta recordó que la Comisión de Fiscalización y Control Político, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, archivó las solicitudes de juicio político en contra de los exministros Sebastián Corral, Pablo Arosemena y Andrea Montalvo. La asambleísta Inés Alarcón propuso una acción de protección en una judicatura y, luego, la retiró, para volver a presentar esa acción en la Unidad Judicial de Quitumbe.
Se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional, de octubre de 2023 que impide la interferencia de las acciones legislativas y de fiscalización de la Asamblea. La sentencia del juez interfiere en la Función Legislativa e incumple lo resuelto por la CC. No se puede interponer acciones de protección contra las facultades constitucionales y legales de la Asamblea y hacerlo, desde la propia Legislatura, es algo grave.
De su lado, Inés Alarcón justificó su acción de protección, medida que se vio obligada a impulsar porque se agotaron todas las instancias internas para que se retome el juicio político en contra del exministro de Finanzas, Pablo Arosemena.
En el debate, en el cual participaron seis asambleístas, hubo voces en el sentido que el juez no podía dar paso a la acción de protección sobre aspectos preparatorios del juicio político; en la necesidad de mantener el principio de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace; y, en el respaldo al secretario general, Alejandro Muñoz, quien formuló una declaración institucional en torno a este tema, debidamente autorizado por el Presidente de la Asamblea Nacional.
