El Pleno de la Asamblea Nacional, con 124 votos afirmativos, aprobó la moción presentada por la legisladora Sofía Sánchez, para requerir la información desclasificada respecto a los procesos implementados para la liquidación de cooperativas de ahorro y crédito, así como el accionar de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Con este fin, la Comisión de Economía Popular y Solidaria realizará una investigación sobre la actual alerta en las cooperativas de ahorro y crédito de la economía popular y solidaria a nivel nacional, para que, en el plazo máximo de 30 días, presente un informe que incluirá las conclusiones y recomendaciones correspondientes. A esta comisión deberá comparecer la superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández Naranjo.
La legisladora proponente fundamentó la petición en el artículo 18 de la Constitución de la República, en consideración que la información solicitada desde la Asamblea Nacional ha sido negada, porque es reservada. Por esta razón, se desclasifica la información relacionada con el programa de supervisión intensiva.
Informó que desde el 2015 hasta la actualidad, de 871 cooperativas se han disminuido a 408, por lo que se requiere conocer los informes técnicos para las disoluciones. Además, existirían 54 acciones de protección, en una de ellas el juez constitucional ha determinado que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria debe abstenerse de emitir resoluciones arbitrarias, infundadas, injustificadas, ilegales e inconstitucionales para la disolución de una cooperativa de ahorro y crédito.
El asambleísta Marcelo Achi mencionó que esta es una oportunidad para fortalecer la confianza en las instituciones y asegurar que las instituciones de la economía popular y solidaria se gestione de manera transparente. Cristhian Vega cuestionó la negativa de la entrega de información por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pedro Velasco consideró necesario apoyar este tipo de procesos, porque miles de ciudadanos han visto un desacierto en la superintendencia, por su inacción.
Blasco Luna recordó que oportunamente se alertó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que investigue los recursos que ingresan a las cooperativas de ahorro y crédito. Son chulqueros que prefieren los microcréditos y no otros, afirmó. Adrián Castro confió en el uso confidencial de la información sobre las cooperativas y aseguró que también ha recibido denuncias de varios migrantes. Eustaquio Tuala exhortó a no generalizar las denuncias, porque existen cooperativas que trabajan con transparencia apegadas a la Ley.
La legisladora Pamela Aguirre, tras recordar que 3.500 millones de dólares se han lavado en el sistema financiero en Ecuador, según el Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG), solicitó que también se levante el sigilo y reserva de información de la UAFE. Juan Carlos Rosero precisó que las cooperativas dinamizan la economía del país, por lo que no debe existir el temor de invertir en estas organizaciones; sin embargo, también existen otras que han causado un perjuicio a lo ciudadanos.
Jahaira Urresta denunció que en algunas entidades se han cambiado los créditos de consumo a microcréditos, con la finalidad de elevar la tasa de interés. Apoyamos abrir la reserva de la información para conocer el accionar de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, subrayó.
