El Consejo de Administración Legislativa (CAL), resolvió suspender la sustanciación y tramitación de las solicitudes de juicio político presentados en la Asamblea Nacional en contra de Diana Salazar, fiscal general del Estado.
La determinación se tomó en atención al criterio jurídico emitido por Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado y en virtud de haberse demostrado que la autoridad atraviesa por un embarazo calificado médicamente como de alto riesgo, hasta que se supere dicha condición y con la finalidad de precautelar la vida de la madre gestante y la vida por nacer.
Finalmente, resolvió sugerir al Pleno del Parlamento la creación de una comisión especializada ocasional multipartidista para tramitar los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, en cumplimiento de los resultados de la consulta popular y referéndum del pasado 21 de abril.
Esta resolución se tomó en atención del numeral 3 del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en el que se establecen las funciones y atribuciones del CAL.
