El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad, con 130 votos afirmativos, la objeción al proyecto de Ley de Salud Mental que promueve, regula y garantiza el pleno ejercicio del derecho a la salud mental de las personas en todo su ciclo de vida, bajo un modelo de atención integral y comunitario. La propuesta de Ley irá de inmediato al Registro Oficial para su publicación y posterior vigencia.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle destacó que durante su administración se han aprobado cinco leyes con el apoyo de más de 100 votos, de las diversas bancadas parlamentaria, a la vez agradeció a los legisladores por su compromiso para aprobar normas que el país demanda.
El Ecuador no tenía una regulación sobre salud mental y la actual administración de la Asamblea la tramitó luego de estar represada por más de diez años.
Tras la pandemia por el COVID-19 en el país aumentaron los casos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, tasas de suicidio, consumo de alcohol u otras sustancias y las situaciones de violencia, por lo que surge este marco legal que atiende los problemas mentales, destacaron los legisladores al exponer cifras alarmantes y presentar un diagnóstico de cómo está salud mental en el país.
El marco legal de la salud mental es una deuda pendiente con la población por décadas. «Este proyecto reconoce que la salud mental es parte de la salud integral de las personas, desde la prevención, atención y recuperación», subrayó la asambleísta Ana Herrera, ponente del proyecto de ley, al advertir que aproximadamente una de cada 8 personas sufre de trastorno mental y que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes.
Argumentó que las objeciones son más de forma que de fondo y complementan competencias y facultades, lo que conlleva a que no se altere el sentido de esta ley, por lo que recomendó el allanamiento a las 12 objeciones, propuesta que fue acogida por unanimidad en el Pleno.
En el debate, los parlamentarios señalaron que, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, deben existir 23 especialistas por cada por 10.000 habitantes y en nuestro país existe una brecha de necesidades de cerca de 2.056 psicólogos en primer y segundo nivel de atención y que la ley no solo aborda la protección, sino la sanación y la vida.
A través de este proyecto se crea el marco legal para prevenir la mortalidad, morbilidad, discriminación, discapacidad e institucionalización de las personas con trastornos mentales, con una atención oportuna y preventiva, tratamiento y rehabilitación acorde a la mejor evidencia científica, recuperación e inserción social, familiar, laboral y comunitaria, alineados a los derechos humanos.
La Ley está orientada a fomentar las prácticas de vida saludables en cada uno de los ciclos de vida del ser humano, sus familias y la comunidad, a través de programas y planes de promoción, prevención y protección de la salud mental; y, garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos para los usuarios que los necesiten, mediante políticas de aseguramiento y cobertura en el sector público y privado.
Además, prevé la coordinación con todas las carteras del Estado, relacionadas con salud mental, el desarrollo de conceptos como derecho de información suficiente, autonomía de la voluntad, consentimiento libre e informado, así como también desarrolla el establecimiento de un Plan Nacional de Salud Mental en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados.
