El Presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió dos decretos-ley, bajo el carácter de económico urgente. Los cuerpos normativos, que serán enviados a la Corte Constitucional, pretenden institucionalizar el sistema de gestión de riesgos y desastres y mejorar los mecanismos de administración de los recursos públicos.
Decreto Ley sobre Gestión de Riesgos y Desastres
Ecuador es susceptible a diferentes amenazas naturales como el fenómeno El Niño, inundaciones, terremotos, entre otros. Los impactos por desastres afectan severamente a la planificación para el desarrollo y a las inversiones destinadas para reducir la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, este decreto propone:
- Institucionalizar y normar la gestión del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, para ejecutar acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación de las emergencias y
- Regular las acciones que deben adoptar los distintos comités de operaciones de
- Crear dos herramientas para afrontar los riesgos: la declaratoria de estado de alerta y la declaratoria de desastre. Ambas medidas permitirán que se implementen acciones de prevención y respuesta frente a contingencias
- Se propone un mecanismo de regularización de tierras e infraestructuras camaroneras que permita al Estado recaudar recursos para enfrentar emergencias y a los propietarios de los bienes tener un patrimonio para que los
- El decreto-ley también pretende crear la figura del decomiso administrativo especial como medida cautelar de carácter preventivo, para que bienes, maquinarias, equipos, insumos y vehículos incautados en operativos contra la minería ilegal, se utilicen en el marco de la gestión de
- Además, se elimina el informe de pertinencia de la contratación pública para contrataciones en emergencia, que actualmente amplía los plazos de la contratación de bienes y servicios; y que, en caso de desastres naturales, debe ser lo más ágil y expedita
Decreto–Ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas
La normativa plantea reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Busca actualizar y reformar procesos que permitan el funcionamiento, administración, seguimiento y control del Sistema Nacional de Finanzas Públicas para que el manejo de las cuentas fiscales garantice el cumplimiento de los objetivos económicos. La propuesta permitirá que la gestión de las finanzas públicas se realice de forma ordenada y transparente, impulsando el equilibrio y sostenibilidad de las cuentas fiscales.
Además, es necesario que la normativa vigente brinde claridad sobre los procedimientos e interacciones institucionales a fin de que se implemente una gestión de riesgos integral y articulada entre todo el sector público. Por ello, contempla adecuaciones normativas ante imprevistos que pueden ocasionar efectos negativos en las finanzas públicas, considerando las responsabilidades que tiene el Ejecutivo en cuanto a su gestión y administración.
