Pabel Muñoz, alcalde de la ciudad, instaló la Asamblea de Quito Nro. 17 y primera de su administración municipal, en la que se resolvieron cuatro puntos: exigir al Gobierno Nacional que pague la deuda de USD 359 millones con la ciudad; la priorización de inversiones para el próximo 2024, y; el cálculo de ingresos de este 2023.
Además, la Asamblea designó tres representantes ante el Consejo Metropolitano de Planificación: Diego Cataña, Nelly Jarrín y Darío Iza.
Dentro de los presupuestos participativos se priorizarán obras de desarrollo comunitario y no vialidad, infraestructura, agua potable, alcantarillado, pues estos rubros deben ser cubiertos por las empresas metropolitanas. En el 2023 se ejecutan 527 obras por medio de presupuestos participativos.
El presupuesto prorrogado del 2023 asciende a USD 819 millones, de los que el 36% ya fue comprometido, mientras que el 65% restante es un monto libre para hacer cambios.
Algunos programas deben continuar como el caso de los presupuestos a las unidades educativas, comunicación, inclusión social, territorio, vivienda y comercio. Para el Metro Quito se requiere cancelar contratos por USD 145 millones, se aumentan USD 18 millones para operación y USD 6 millones en mantenimiento.
El Alcalde hizo una presentación de la visión de la ciudad referido a 5 ejes: seguridad, hábitat y convivencia ciudadana; trabajo, producción, emprendimiento e innovación; social; movilidad y Quito intercultural. Ahí se destacan la creación de utopías (Centros de desarrollo comunitario), regularización masiva de barrios, la décima administración zonal en el Chocó Andino; construcción del Complejo Ambiental para tratamiento de residuos, operación del metro y temas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables.
